CEO Amargado Asistente Indómita.

Las luces del despacho de la hacienda permanecieron encendidas hasta altas horas de la madrugada. Mateo y yo estábamos frente a la mesa grande de roble, rodeados de montañas de documentos, mapas amarillentos y títulos de propiedad en papel grueso. Mientras clasificaba los archivos antiguos de la familia Castellano, encontré una caja de metal hermética escondida detrás de un panel falso en la pared.

—Mateo, ven aquí —llamé con voz contenida pero emocionada—. Creo que hemos encontrado lo que necesitamos.

Al abrir la caja con cuidado, descubrimos un mapa manuscrito fechado en 1923, con el sello oficial de la prefectura de la época y la firma de tres notarios reconocidos. El papel mostraba con precisión cada kilómetro cuadrado de las tierras del Valle, incluyendo exactamente los terrenos que los hermanos Rivas reclamaban como propios. Además, al comparar los documentos que presentaba la otra parte con los originales del archivo notarial digitalizado, encontré que su fecha de registro había sido alterada de 1985 a 1952, y el sello notarial era una copia fotostática perfectamente hecha pero sin el código de seguridad que se implementó en 1978.

—Esto es contundente —dijo Mateo, pasando las manos por su cabello rubio con expresión de admiración—. ¿Cómo lograste detectar eso?

—Cuando trabajaba en Torres & Asociados, me especialicé en casos de falsificación de documentos —explicé, colocando las pruebas sobre la mesa en orden—. Los sellos notariales tienen microperforaciones que solo se ven con una lupa de alta resolución. El de ellos no los tiene, además la tinta utilizada es de un tipo que no existía en la década de los 50. También encontré el acta original de compra de 1985 en el archivo público: los terrenos que compraron los Rivas están a tres kilómetros de aquí, en la ladera opuesta.

Pasé las siguientes horas organizando toda la evidencia en carpetas claramente etiquetadas: mapas antiguos y modernos en soporte físico y digital, análisis de laboratorio del papel y la tinta, declaraciones de testigos mayores del pueblo que recordaban cómo los campos siempre habían pertenecido a los Castellanos, y el artículo 17 del Código de Ética Legal que prohíbe cualquier tipo de discriminación por género, raza o condición social.

Al dia siguiente, a las nueve de la mañana, Mateo y yo llegamos al Palacio de Justicia de Metrolis. Yo llevaba una bata negra de abogada impecable, con camisa blanca y tacones de cuero negro que resonaban con cada paso por el pasillo de mármol. Mateo vestía un traje gris oscuro, con corbata de seda azul marino, y caminaba a mi lado con porte seguro.

Al entrar en la sala de audiencias, vimos a los hermanos Rivas sentados en la fila de los demandantes, junto a su abogado, don Eduardo López —un hombre de unos 60 años, con mirada altanera y actitud prepotente. Cuando nos vio, frunció el ceño y se dirigió a Mateo:

—Señor Mateo Castellano... ¿realmente decidió confiar el futuro de sus tierras a una mujer? Con todo respeto, pero esta es una cuestión de hombres, de negocios y de herencias. Esa joven hermosa solo lo hundirá, no tiene la experiencia ni la seriedad que requiere un caso así.

Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa irónica:

—Y usted, señorita Valentina... este no es lugar para mujeres. Mejor que se dedique a cosas más acordes a su sexo.

La sala se hizo un poco más silenciosa, y algunos presentes miraron con preocupación. Pero yo me acerqué hasta quedarme frente a él, con la espalda recta y la voz clara y firme:

—Usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer, don Eduardo. Su ética como abogado está por los suelos —dije, sacando un folleto del Código de Ética Legal y colocándolo sobre la mesa de los abogados—. Le recuerdo el artículo 17, que establece expresamente que ningún profesional del derecho puede discriminar a nadie por su género, raza, religión o condición económica, ni menos humillar públicamente a quienquiera que sea. Además, he investigado su historial y sé que ya ha recibido una advertencia por este mismo tipo de conducta hace dos años. No voy a permitir que intente desviar la atención del tribunal con comentarios irrelevantes y ofensivos.

Don Eduardo se puso rojo de ira, pero no pudo responder nada, porque en ese momento el juez entró en la sala y todos se pusieron de pie.

El juicio comenzó con la exposición de la demanda por parte del abogado de los Rivas, quien intentó argumentar que los terrenos habían sido propiedad de sus ancestros desde principios del siglo XX, y que los Castellanos se los habían apropiado ilegalmente en la década de los 70. Mostró sus documentos falsificados y llamó a un testigo que afirmó haber visto a sus padres trabajando en esos campos.

Pero cuando llegó mi turno, levanté la mano para pedir la palabra:

—Señor Juez, permítame presentar la primera prueba —dije, proyectando el mapa de 1923 en la pantalla grande de la sala—. Este documento, autenticado por el Archivo Histórico de la provincia, muestra claramente que los terrenos en disputa pertenecían a don Francisco Castellano, bisabuelo de mi cliente. El sello oficial y las firmas son válidas, y hemos realizado un análisis de datación del papel que confirma su antigüedad.

Luego pasé a mostrar las comparaciones entre los documentos de los Rivas y los originales:

—Como pueden ver, el sello notarial de la demanda es una copia exacta pero sin las características de seguridad implementadas en 1978. Además, la fecha de registro fue alterada con un software de edición, lo cual podemos demostrar con el informe del perito informático que acompañará esta evidencia. También hemos localizado al verdadero propietario de los terrenos que compraron los Rivas en 1985: doña Carmen López, quien vive actualmente en España y ha enviado una declaración jurada confirmando la transacción.

Don Eduardo intentó interrumpirme varias veces, pero cada vez le respondí con más pruebas contundentes: declaraciones de ancianos del pueblo que recordaban cómo los campos siempre habían sido de los Castellanos, registros de impuestos pagados desde 1925, incluso fotografías antiguas donde se veían los muros de piedra que aún delimitan las propiedades.

—Además, señor Juez —continué, dirigiéndome directamente a él—. El testigo presentado por la demanda afirmó haber visto a los padres de los Rivas trabajando en esos campos en 1968. Sin embargo, según los registros civiles, esos señores vivían en otra provincia hasta 1975, y su primer empleo en esta zona fue como jornaleros en la hacienda vecina, no en la de los Castellanos.

La cara de don Eduardo se puso cada vez más pálida, y los hermanos Rivas se miraban con nerviosismo. Al final de la primera sección del juicio, que duró más de cinco horas, el juez anunció que las pruebas presentadas por nuestra parte eran claras y contundentes, y que se continuarían con las siguientes audiencias en los próximos 15 días. Sin embargo, reconoció que la primera ronda había sido decididamente a nuestro favor.

Mateo me miraba durante todo el proceso con una mezcla de admiración y asombro, aunque trataba de mantener una expresión seria y profesional. En sus ojos se leía lo evidente: estaba comenzando a enamorarse profundamente de mí.